El 15 de Mayo del 2011, el Pueblo español dijo ¡basta!; basta de recortes, basta de pérdida de derechos constitucionales, basta de recortes de derechos sociales, basta de corrupción política, basta del abuso de la banca, basta del abuso de las grandes compañías energéticas, basta de acabar con las ilusiones y derechos de todo un Pueblo.
Las estadísticas oficiales dicen que fueron más de 8.500.000 (ocho millones quinientos mil) españoles los que se manifestaron en las calles exigiendo un cambio en la política del país, que el gobierno de entonces (PSOE de Zapatero), había llevado a cabo, con los recortes y la reforma laboral que empezó a eliminar derechos laborales y sociales. Pero incluso así, aún no se habían atrevido a eliminar uno de los derechos constitucionales más importantes: el derecho a la libre expresión y a la manifestación.
Seis meses después, el 20 de noviembre de 2011, se celebraron elecciones generales, que fueron ganadas por el Partido Popular de Mariano Rajoy por mayoría absoluta. Lo cual demuestra que había más de 8.500.000 españoles que sí estaban de acuerdo con los recortes sociales, la reforma laboral o todo aquello que beneficie al rico, al poderoso. (Entre otras consideraciones que omito reflejar, por temor a la “Ley mordaza”).
El Gobierno de Rajoy tomó inmediatamente nota de todo lo sucedido, y emprendió una nueva reforma laboral más dura que la anterior, eliminado los pocos derechos laborales que aún le quedaban al trabajador español. Pero como las manifestaciones del Pueblo se seguían produciendo, y se denunciaban casos de abusos de fuerzas policiales u otros organismos, así como la presión de la calle se estrechaba sobre los políticos del Partido Popular (sobre todo por lo que se vino en llamar “scratches”), debido sobre todo al escandaloso aumento de los desahucios de familias que lo habían perdido todo, el Gobierno de Rajoy, decidió legislar al respecto y, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta en las Cortes, aprobó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley mordaza”.
Ahora ya no sería posible manifestarse como antes, es decir, en las mismas condiciones; ni tampoco por los lugares por donde antes era posible hacerlo (por ejemplo en las cercanías del Congreso, el “Parlamento del Pueblo”), ni tampoco se podría fotografiar a los miembros de los cuerpos de seguridad aun cuando estuviesen cometiendo un abuso de funciones o actuaciones desmedidas, ni se podría escribir según qué letras de canciones, o representar según qué obras teatrales. Los periodistas ya no podrían informar como antes, es decir, publicando fotografías que prueben una desmedida actuación policial (baste revisar las hemerotecas y las últimas noticias aparecidas en algunos medios no oficialistas, para comprobar como varios periodistas han sido denunciados, sancionados con elevadas multas de miles de euros, o están encausados en los juzgados debido al ejercicio de su profesión), y lo peor de todo, el miedo y la censura se instauró entre los españoles como ya ocurriese en la etapa de la dictadura franquista. ¡Ni el propio “caudillo” se habría atrevido a tanto! Por lo menos en lo referente a la protección del trabajador y la familia.
La “Ley mordaza” ha empezado a causar estragos entre los que han querido seguir desempeñando su profesión de periodista o comunicador. Y ya no son pocos los ciudadanos que se han visto ante los juzgados y sancionados con multas elevadísimas que pueden llegar a cientos de miles de euros, dependiendo de sus palabras. Ahora las palabras tienen un precio muy elevado; mucho más que las acciones de los políticos corruptos que han estado engañando y defraudando al Pueblo español de forma sistemática. Pero tal como presume el Gobierno de Rajoy, la gente les ha votado a ellos por mayoría, así que se deduce que eso es lo que quieren.
¿De verdad, de verdad que la mayoría de los españoles quieren lo que ha hecho y está haciendo el Partido Popular y su gobierno con Rajoy a la cabeza?
No, eso no es verdad. Lo que sí es verdad, es que de los más de 47 millones de españoles (47,021.031), únicamente tienen derecho al voto 35,779.491 (más de 35,77 millones), y de esos 35,77 millones, sólo ejercieron su derecho a votar un total de 24,590.557 (poco más de 24,59 millones), lo que supone que únicamente ejercieron su derecho al voto un 68,7% del total de los españoles con derecho a votar, pero que a la vez supone un 52,2% del total de los habitantes españoles. Pero ahora hay que ver cuántos de esos 24,5 millones de españoles votaron al Partido Popular en las elecciones del 2011, cuando las ganó por mayoría. En las elecciones generales de 2011, al Partido Popular le votaron un total de 10,866.566 españoles, es decir, tan sólo un 23,11% del total de los habitantes españoles, lo que deja muy claro que no se trata de la mayoría de los españoles, ni siquiera de la mitad, ni tan solo de un cuarto de la población. Pero seamos justos y comparemos únicamente el número de votos obtenidos con el total de ciudadanos con derecho al voto; en este caso, nos da un resultado del 44,27 % del total de los españoles con derecho a voto. Es decir, seguimos sin obtener la mayoría de los españoles con derecho a voto.
Como todo el mundo sabe, o debería saberlo si ha estudiado matemáticas en el colegio, el 44,27% nunca es la mayoría, ya que sobre 100, para que sea mayoría simple, debería ser un mínimo del 51%, cosa que no ha sucedido en ningún caso con el Partido Popular.
Pero esta es la manera de vender de la mayoría de los partidos políticos, adaptan las matemáticas a su propia conveniencia; cuando las matemáticas, es la ciencia más exacta que se conoce y no admite diferentes interpretaciones; otra cosa es que se manipulen los datos y se mezclen churras con merinas (me refiero a las ovejas, como supongo habrán entendido sus “excelsas señorías”), como suelen hacer nuestros políticos.
Después de más de cuatro años de sufrimiento tras sufrimiento, en una legislatura cargada de corrupción política hasta extremos insospechados, así como de recortes sociales y eliminación de derechos constitucionales, laborales y sociales, el pasado 20 de noviembre de 2015, se llevaron a cabo las elecciones generales. Todo parecía indicar que la honestidad y el deseo de conseguir lo mejor para el país se iba a imponer sobre la mediocridad y la corrupción.
Los resultados dieron de nuevo el triunfo al Partido Popular, es decir, fue el partido político más votado, con un total de 7.236.965 votos, lo que supone un 28,4% sobre el total de los votos emitidos (25,43 millones); o lo que es lo mismo, un 19,8% sobre el total de los habitantes inscritos (36,51 millones de españoles). Lo que no supone siquiera un apoyo de 2 personas con derecho a voto por cada 10.
A pesar de ser el partido más votado con ese 19,8% del total de los votantes inscritos, el Partido Popular no ha podido formar gobierno en las Cortes, pues ningún otro grupo parlamentario ha querido darle su apoyo. Lo que ha llevado a tener que convocar nuevas elecciones para el próximo día 26 de junio de 2016, ya que el resto de los grupos parlamentarios tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno.
Y ahora es cuando viene la diatriba, ¿Es que los ciudadanos españoles de “a pie” no nos merecemos justicia, libertad, trabajo y unos políticos decentes?
Es difícil responder a esa pregunta, pues ocasiones para cambiar la situación ha habido, pero sin embargo no se ha querido cambiar.
Ahora echo de menos ese 15 de mayo del 2011, donde aún podía quejarme, protestar y manifestarme en la calle, reclamando esa justicia, ese trabajo y esa honestidad que tanta falta necesitamos. Ya no volveremos a tener otro 15 de mayo, ya no volveremos a sentirnos libres, a pesar de carecer de la justicia.
Dicen que las penas si se comparten con personas honestas resultan menos dolorosas, pero si además, son provocadas por la sinrazón, la falta de honestidad y la corrupción sistemática, amparada por la complicidad de ciertos votantes que presumen de ser más españoles que nadie, pero que en cambio tienen sus dineros en paraísos fiscales, entonces, el desánimo se apodera del más valiente.
No sé si este escrito me traerá consecuencias, pero yo no me callaré ante lo que considero injusto, anti democrático y anti social.
© 15 de mayo 2016 - José Luis Giménez
www.jlgimenez.es
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