¿Quién no se
ha estremecido ante los accidentes nucleares ocurridos en la central nuclear de
Chernobyl el 26 de abril de 1986 en Ucrania (antigua U.R.S.S.), o el más
reciente ocurrido el 11 de marzo de 2011 en Fukushima (Japón)?
Y es que no
es para menos, pues se trata de los dos accidentes nucleares más graves a Escala
Internacional de Accidentes Nucleares, con un nivel máximo de 7, y que a su vez
constituyeron los dos mayores desastres medioambientales de la historia.
En el
accidente nuclear de Chernobyl, la cantidad expulsada a la atmósfera de
materiales radiactivos o tóxicos, como son el dióxido de uranio, carburo de
boro, óxido de europio, erbio, así como aleaciones de circonio y grafito, se
estimó que sobrepasó en más de 500 veces la radiactividad liberada por la bomba
atómica lanzada sobre Hiroshima (Japón) durante la II Guerra mundial en 1945.
Así mismo causó la muerte de forma directa de 31 personas, teniéndose que
evacuar repentinamente y de forma definitiva, a toda la población de Chernobyl,
que en esos momentos era de 116.000 habitantes. Provocando una alarma social e
internacional al detectarse radiactividad en 13 países de Europa oriental y
central.
En el
accidente de Fukushima, las emisiones de gases radioactivos fueron controladas
en un principio, si bien las cantidades definitivas lanzadas a la atmósfera pudieron
ser mucho mayores de las anunciadas, ya que las mediciones y detecciones
posteriores en el agua arrojaban un nivel de radiación cien mil veces por
encima de lo normal. Lo que dificultaba los trabajos de los operarios encargados
de controlar las emisiones. Los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar en
las inmediaciones de la central nuclear eran 1.850 veces mayores que los
permitidos legalmente. Además de detectar importantes cantidades de plutonio
procedente del reactor nº 3.
En los días
siguientes al 11 de marzo, se detectó yodo radiactivo en el agua de consumo
humano en Tokio, así como altos niveles de radiactividad en la leche y en
espinacas producido en las proximidades de la central nuclear. También se detectaron
partículas radiactivas procedentes de Japón en California, así como yodo
radiactivo en Finlandia. Incluso en España se llegó a detectar un aumento de
yodo y cesio en el aire. Dichos elementos radiactivos vertidos a la atmósfera
tienen un periodo mínimo de semidesintegración de 30 años.
La
cifra total de personas afectadas directamente por el accidente nuclear de
Fukushima fue de 23 personas heridas y
más de veinte afectadas por la contaminación radiactiva. También se ha
verificado que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecía en
Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta han sufrido una
aceleración en el ritmo de alteración del ADN por efecto de la radiación.
Inicialmente
se evacuaron a más de 45.000 personas en un radio de más 10 km de la central
nuclear, pero pocos días después la cifra de evacuados aumentó hasta las
170.000 personas, así como el radio de evacuación que se dobló hasta los 20 km,
pero en vista de que la radiactividad se estaba extendiendo, el radio de
evacuación se aumentó hasta los 30 km.
A
los habitantes evacuados se les suministró yodo en su forma estable (yodo 127)
a fin de reducir la probabilidad de contraer cáncer de tiroides, derivado de la
emisión a la atmósfera de yodo radiactivo (I-131). Se establecieron controles
policiales en un radio de 30 km para impedir el acceso de la población. Se
cerraron comercios y edificios públicos, advirtiendo el gobierno a los
habitantes de la zona de que no deberían salir de sus casas, que deberían cerrar
ventanas y desconectar sistemas de ventilación, no beber agua del grifo y
evitar consumir productos locales.
Varios
países de todo el mundo tomaron medidas preventivas, comprobando la seguridad
de sus centrales nucleares, como fue el caso de Alemania, mientras que en otros
países se prohibía directamente la construcción de nuevas centrales nucleares.
¿Y
España?
Pues en España,
como suele suceder casi siempre, se hizo caso omiso a todas las advertencias y
recomendaciones, incluso el Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger,
afirmó que debería comprobarse rigurosamente la seguridad en las centrales más
antiguas, sin descartar el cierre de aquellas que fuese necesario.
A este
respecto, la organización española Ecologistas en Acción, pidió el adelanto del
cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), cuyo modelo de reactor es
gemelo con los reactores de Fukushima, los cuales fueron fabricados por la compañía
General Electric en el mismo año, así como se organizaron concentraciones para
pedir el cierre, sin que se haya conseguido el objetivo de cerrar las centrales
nucleares en España.
Y
con el panorama ya descrito, nos encontramos con que, el pasado miércoles día 8
de febrero de 2017, el pleno del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), controlado por el PP (tres vocales son del PP y dos
del PSOE), ha aprobado su dictamen favorable sobre la renovación de la
autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos), la más antigua de España, cerrada por sus dueños desde finales de
2012, tal como ha informado “eldiario.es”.
Lo correcto y más prudente sería que la central nuclear de Garoña,
siendo la más vieja y pequeña de España, no volviese a ponerse en marcha
después de 5 años de inactividad para producir electricidad, pero la aprobación
por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (en el que paradójicamente solamente
hay dos miembros que poseen titulación y experiencia en temas de energía
nuclear, mientras que el resto son de ramas completamente diferentes y por lo
tanto desconocedores del tema de la energía nuclear), a fin de contentar a las grandes
compañías eléctricas y al Gobierno del PP, que pretenden alargar la vida de las
centrales nucleares en España hasta los 60 años, ha causado gran consternación
entre la opinión pública, máxime cuando ya hemos visto las consecuencias que se
derivan de un accidente en una central nuclear.
“En
marzo de 2015, la dirección técnica del regulador nuclear advirtió a
Endesa e Iberdrola de que era “necesario” invertir en mejoras millonarias que
la planta no ha hecho” (eldiario.es).
Pero a pesar
de las advertencias por parte de la
Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN), quien
ya reclamó a los propietarios de la central nuclear (Iberdrola y Endesa) una revisión del diseño de la planta, así como
la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad,
tal como el propio CSN ya había advertido anteriormente, de que dichas
modificaciones deberían estar implantadas "como condición previa"
para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de
actividad para la central, ha sido el propio CSN (Consejo de
Seguridad Nuclear) controlado por el PP, quien ha hecho caso omiso a sus anteriores
advertencias, dando luz verde a la reapertura de la central nuclear de Garoña
después de estar inactiva desde el año 2012.
Esta postura del CSN resulta un tanto
extraña, por cuanto las inversiones necesarias para la reapertura de la central
ascienden a más de 200 millones de euros, a menos que, supuestamente, la
verdadera intención, no sea reabrir dicha central nuclear, sino poder
beneficiarse de las cláusulas en las que se contempla una fuerte indemnización
por parte del Estado a la central, al no poder seguir en funcionamiento. Tal
como ya ha sucedido en otros casos donde empresas del grupo ACS (del presidente
del Real Madrid, Florentino Pérez), han hecho valer las cláusulas concedidas
por el Ministerio de Industria. Como son los casos de la construcción del
complejo Castor por la empresa Escal UGS, participada en un 66,6% por ACS (de
Florentino Pérez) y en un 33,3% por Dundee Energy, donde el Ministerio de
Industria aceptó una cláusula por la que indemnizarían a la empresa si el
negocio iba mal. Acordándose además, que la “indemnización sería equivalente al
valor de las instalaciones, incluso en caso de dolo o negligencia imputable a
la empresa adjudicataria”. Es decir, que si el negocio no funcionaba bien,
fuese la culpa de quien fuese, la empresa Escal UGS recuperaría totalmente su
dinero (Diario16).
Debido a una serie de terremotos
producidos en las costas valencianas y catalana, el almacenamiento de gas
Castor, hubo de cerrarse, por lo que se hizo valer la cláusula de penalización
al Estado español, y que ascendía en un primer rescate a un total de 1.350
millones de euros, según Decreto Ley 13/2014. Dinero que pagaremos entre todos los
españoles.
Podríamos ampliar mucho más este
capítulo, nombrando a otras empresas afectadas por dichas “clausulas” de
penalización al Estado español, pero considero que con lo expuesto como ejemplo
ya es suficiente, aunque valga decir que las cifras que se barajan como
indemnizaciones que deberá realizar el Estado español son astronómicas.
Ahora falta saber cuál es la verdadera
intención que subyace en la autorización realizada por el CSN para la
reapertura de la Central de Garoña, pues visto lo visto...
©
2017 José Luis Giménez
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